Con fecha 27 de diciembre de 2009 entró en vigor la Ley 25/2009, más conocida como la Ley Ómnibus, publicada para adaptar la legislación española a la Directiva Bolkestein, más exactamente la Directiva 2006/123/CE, que además de ser una exigencia europea, persigue eliminar trabas burocráticas del sector servicios, creando además una mayor confianza en los inversores extranjeros.
Esta ley, que en su momento ya provocó una revolución en el sector de la ingeniería, aún hoy sigue provocandonos continuos quebraderos de cabeza a los ingenieros, o mejor dicho, a nuestros colegios profesionales.
Esto se debe a que la ley arremete contra la primera fuente de ingresos de los colegios: el visado, transformándolo de un trámite obligatorio a uno meramente voluntario. Y los colegios se preguntan: y si es voluntario, ¿quién va a visar sus proyectos?. Pues ya te lo digo yo: ni el Tato.
Como era de esperar, los colegios han aparecido en los diferentes medios comunicando a la sociedad la importancia de los visados y, cómo no, el peligro que correrá la población si éste desaparece. Maldita sandez.
Vamos a ver si dejamos clara una cosa. El visado colegial NO es una confirmación técnica del proyecto. El colegio no recalcula la estructura de una presa o edificación, no comprueba la sección de los conductores eléctricos ni los diámetros ni timbrajes de las tuberías. El responsable único de que el proyecto esté bien diseñado, de acuerdo con la normativa y cumpliendo el cometido para el que se diseñó, es el ingeniero autor del proyecto.
Lo que sí hace el colegio es comprobar que el proyecto cumple ciertos requisitos formales y que vaya convenientemente firmado por un ingeniero colegiado. El resto es responsabilidad nuestra.